El respeto al derecho ajeno es la paz

‘El respeto al derecho ajeno es la paz’: Enrique Lau Cortés 

En su manifiesto, del 15 de julio de 1867, a su regreso triunfal tras derrotar al segundo imperio mexicano de Maximiliano I, Benito Juárez dio origen a la frase que sirve como título de este artículo, basada en el respeto a los demás. Lo hizo con la profunda convicción de que, en democracia, mis derechos terminan donde comienzan los de mi vecino. Esto ha servido de marco de referencia a la relación entre las naciones y las personas.

Al parecer, hemos olvidado resolver las diferencias por la vía pacífica, recurriendo con frecuencia a los famosos “cierres de calles”, lo que obliga al Gobierno a ser reactivo, porque son los grupos de presión los que imponen la agenda nacional. Lo grave es que aunque la protesta sea legítima, si perjudica a terceros, lejos de lograr el efecto deseado, genera el repudio de los trabajadores que no llegan a sus sitios de labores, de los estudiantes que faltan a clases, de los pacientes que pierden citas, de los transportistas que dejan de ganar dinero en esa y otras vueltas, y de los turistas que pierden la oportunidad de conocer el país. En resumen, estas medidas afectan al pueblo.

Sin embargo, se impide el libre tránsito para reclamar por la falta de viviendas o exigir la entrega de títulos de propiedad luego de invadir terrenos privados o municipales. Distintos grupos sociales cierran las vías en reclamo de empleos o por disputas entre ellos; los jubilados incurren en esta práctica para que les aumenten sus pensiones; los pacientes por falta de medicamentos o retraso en sus cirugías; los usuarios del transporte por el mal servicio; los conductores de los llamados busitos piratas, en demanda de certificados de operación, y los conductores del Metro Bus por inconformidad con la empresa.

El colmo fue el de un grupo de transportistas que amenazó con cerrar las vías, porque no quiere que los agentes de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre les impongan infracciones. Parece que la moda es impedir el libre tránsito sin importar a quién se afecte. Si no le ponemos un alto a esta situación, podemos contagiar a otros y caer en una anarquía.

¿Qué ha sucedido en la Universidad de Panamá con los cierres de calles? La rectoría optó por la gestión de puertas abiertas. Atendió las demandas mediante el diálogo y los consensos, a lo que se suma la evolución positiva de los estudiantes, que substituyeron los argumentos por las piedras y la violencia, sin claudicar en su derecho a protestar, y concentraron su atención y energía en el estudio para forjar su futuro y la patria que todos queremos.

La Constitución Política de Panamá, de 1972, ajustada a los actos reformatorios, en su título III, referente a los deberes y derechos individuales y sociales, en su artículo 27 establece: “Toda persona puede transitar libremente por el territorio nacional sin más que las limitaciones que le impongan las leyes o el reglamento de tránsito”.

Este último aprobado mediante Decreto Ejecutivo No. 640 del 27 de diciembre de 2006, que en su artículo 161, literal N, prohíbe obstaculizar, impedir o dificultar la circulación en la vía publica bajo cualquier circunstancia. La norma existe, sin embargo, la inobservancia de la ley, al no acarrear consecuencia, la convierte en letra muerta. Por ello, creo que debemos construir políticas públicas que mejoren la educación de los niños, fortaleciendo los valores que tenemos como Nación. Esto debe ir unido a una gestión pública eficiente y eficaz, capaz de llegar a consensos, antes de que la población obstaculice la vía pública, y así el pueblo se sienta atendido por sus gobernantes, sin que lo urgente impida que se haga lo importante.

Con la generación perdida, las autoridades competentes deben hacer que cumplan la ley y aplicar las sanciones correspondientes, cuando la violan. De tal suerte que sean conscientes de que cuando gritan: “¡hasta las últimas consecuencias!”, no es solo un grito amenazante de guerra, sino la expresión de quien debe afrontar a la justicia cuando irrespeta el derecho ajeno y altera la paz social.